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Guillermo León Betancur Hincapié
La desidia e ineficacia de los órganos legislativo y ejecutivo en Colombia, tanto del legislador ordinario en su calidad de titular de dicha función, como del Jefe del Ejecutivo en su condición de legislador excepcional, para adoptar y expedir políticas públicas, especialmente en materia económica, y sobre todo de cara al deber constitucional que, como autoridades públicas les asiste frente a la protección de todas las personas, y en aras de asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución, han propiciado el desborde de la actividad jurisdiccional de la Corte Constitucional mediante la injerencia, quizá justificada de hecho por la desidia legislativa, pero a su vez, indebida e ilegítima, en la órbita de competencias de las otras Ramas del Poder Público. Tal situación comporta un desentendimiento de la teoría tradicional de la separación de poderes y el subsecuente problema de legitimidad que se suscita ante la arrogación de facultades que de suyo no le son propias a la Corte Constitucional.
