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Andrés Felipe Roncancio Bedoya
En el contexto colombiano, la estructura contenida en la Constitución de 1991 plantea una dicotomía compleja entre economía y función social en materia de derechos sociales y económicos. Dicha relación plantea en sí misma múltiples condicionamientos, que han reducido la efectivización de estos derechos a un limitado campo aplicativo de interpretación constitucional, mientras se propugnan prácticas de gobierno orientadas al neoliberalismo que han desplazados a este tipo de derechos a una realización empresarial de los ciudadanos, quienes se ven sujetos cada vez más a tener que hacerlos valer en su condición de homo economicus. Dicha racionalidad ha encarado la necesidad de comprender, por un lado, una categorización de actores económicos de los ciudadanos en materia de derechos sociales condicionándolos a ser consumidores, mientras que por el otro se plantean dispositivos biopolíticos normativos y sociales, que perfeccionan en el contexto una normalización estructural, incluso con la represión, lo que ha ido acrecentando un malestar general de quienes reclaman sus derechos, al punto de hacer su exigibilidad directa por medio de la protesta popular. Así, esta reflexión está orientada a una reflexión crítica de estos fenómenos y la posibilidad de construcción de espacios que permitan la consolidación material de los derechos sociales y económicos
