El objeto de estas líneas es reflexionar sobre la utilidad de la prueba pericial en la jurisdicción contencioso-administrativa. No se trata de exponer la regulación positiva de la prueba, ni las numerosas dudas que ha suscitado la aplicación supletoria a la misma de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Se trata de analizar, desde un punto de vista eminentemente práctico, la funcionalidad de este medio de prueba en una jurisdicción llamada a dirimir sobre materias muy especializadas, cada vez más técnicas.