El artículo realiza un análisis de la evolución jurisprudencial que, en torno a la oposición a la ejecución provisional de condena dineraria, se ha producido desde la entrada en vigor de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1 de enero de 2000 hasta el momento actual en el que se observa una tendencia a la admisión de la suspensión de la ejecución provisional cuando concurren los requisitos exigidos para ello.