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Breve análisis de la sentencia dictada por el Tribunal Constitucional el pasado 17 de marzo que declaró la inconstitucionalidad y consiguiente nulidad del primer párrafo del apartado 2 del art. 102 bis de la Ley 29/1998, de 13 Jul., reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, concluyéndose que la misma supone la devaluación del Letrado de la Administración de Justicia y una apertura hacia un proceso inquisitivo, impropio del S XXI.
