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Jesús David García Sánchez, Helena Monzón Pérez
La crisis del sector financiero europeo, y particular español, obligó a tomar medidas a nivel europeo que impidieran la quiebra del mercado financiero, aceptando la posibilidad de que los Estados miembros pudieran otorgar «ayudas de carácter excepcional al sector financiero».
Sin embargo, en la medida en que las ayudas de Estado suponen un quebranto del principio de libre competencia en el mercado interior de la Unión Europea, las decisiones de la Comisión Europea sobre ayudas de Estado se han visto multiplicadas, como forma de garantizar el mínimo perjuicio posible al principio de libre competencia.
Las decisiones de la Comisión Europea en el caso del sector financiero, han impactado no solo en las propias entidades financieras, sino también en terceros como pueden ser los trabajadores de dichas entidades.
En este sentido, y como señala la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia en su Informe sobre Ayudas Públicas en España 2015, el máximo histórico de ayudas al sector financiero español se produjo en el año 2012. La Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 15 de octubre de 2015 dictada en los asuntos C-352/14 y C-354/14 acumulados (Caso Iglesias y Otros), objeto del presente análisis, se pronuncia sobre el posible impacto en la regulación española en materia de indemnizaciones por despido de los condicionantes establecidos en una decisión de la Comisión Europea sobre una ayuda de Estado concedida a una entidad bancaria en el año 2012.
The crisis affecting the European and especially the Spanish financial sector led to the implementation of measures to avoid the collapse of the European financial system, such as allowing exceptional state aid for the financial sector. Nevertheless, since state aid in fact contravenes the principle of fair competition within the European market, the number of European Commission decisions on this matter has increased to make sure that these measures impair this principle as little as possible. The European Commission�s decisions on the financial sector have affected not only financial entities but also third parties such as their employees.
In this regard, as the Spanish Markets and Competition Commission states in its Report on State Aid for 2015, Spain�s record high in terms of state aid for the financial sector came in 2012. The decision of the European Court of Justice of 15 October 2015 in the joined cases C-352/14 and C-354/14 (Iglesias and Others), examined in this article, rules on the impact on severance pay under Spanish law of the conditions established by the European Commission�s decision on state aid granted to a bank in 2012.
