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Enrique Rodríguez Celada
El 5 de octubre de 2015 se aprobó la Ley 41/2015 de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para la agilización de la justicia penal y el fortalecimiento de las garantías procesales. Entre las medidas que aprueba dicha ley, se incluye la introducción de plazos máximos para la fase de instrucción de los procedimientos penales. El presente trabajo realiza una primera aproximación de cómo cabe esperar que se aplique este nuevo sistema de plazos en la práctica y cuál será su impacto en la tramitación de las causas penales.
On 5 October 2015, Law 41/2015 amending the Criminal Procedure for the acceleration of criminal justice and the strengthening of procedural safeguards was passed. Among other measures, Law 41/2015 introduces maximum time limits for the investigation stage of criminal proceedings. This paper sets out an initial approach to the way these time limits are expected to apply in practice and assesses their impact on the way criminal proceedings are conducted.
