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La reforma pivota sobre lo que podría considerarse el núcleo esencial del Derecho Administrativo, la tan conocida Ley 30/1992, de 26 de noviembre de RJAP y PAC (en adelante LPC), y si bien la esencia se mantiene, parece encontrarse en el ánimo del legislador una cierta voluntad de «empezar de nuevo», de establecer un nuevo punto de partida en la materia, ya que, no sólo refunde gran cantidad de leyes, si no que deroga otras, incorpora doctrina jurisprudencial, desarrolla y aplica el Derecho de la Unión, separa la regulación del Procedimiento Administrativo de la del Sector Público y, por último, introduce elementos novedosos
