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Ana Claudia Santano
El tema de la prohibición de donaciones privadas de personas jurídicas fue tratado por Óscar Sánchez Muñoz recientemente por medio de un artículo publicado en la Revista Española de Derecho Constitucional. El autor parte de los principios de suficiencia de recursos, transparencia, igualdad de oportunidades y reforzamiento de las relaciones entre los partidos y la sociedad, para dedicarse a listar algunas de las modificaciones que juzga ser imprescindibles para la mejora del sistema. Una de las sugerencias aportadas por el autor es justamente la prohibición de estas donaciones, algo que efectivamente ocurriría en España y en Brasil poco tiempo después. Ante la importancia del debate, este artículo tiene como objetivo ofrecer otra visión sobre la prohibición de donaciones de personas jurídicas, utilizándose como ejemplo los países mencionados. Aunque dichas aportaciones sean comúnmente relacionadas con casos de corrupción, tráfico de influencia o incluso compra de políticas públicas, el problema es mucho más complejo de lo que parece. Más allá de una fundamentación jurídica, se expone una argumentación política y social, ya que se defiende un análisis no apartado de sus repercusiones en estas esferas.
The issue of the ban on private donations from legal persons was treated by Óscar Sánchez Muñoz recently by an article published in the Spanish Journal of Constitutional Law. The author presents reasons of the principles of sufficiency of resources, transparency, equal opportunities and strengthening relations between parties and society to list some of the modifications deemed to be essential for improving the system. One of the suggestions made by the author is precisely the prohibition of these donations, what actually happened in Spain and Brazil soon after. Given the importance of the debate, this article aims to provide another perspective on the prohibition of donations from legal persons, using as an example the aforementioned countries. While such contributions are commonly related to corruption, influence peddling or even buying public policies, the problem is much more complex than it seems. Beyond a legal basis, a political and social argument is exposed, once it is defended an analysis not separated of its impact in these áreas.
