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Wael Sarwat Hikal Carreón
En los últimos tres años México se ha ganado un premio internacional inmerecido, se le considera uno de los países más peligrosos del mundo debido al desbordamiento de la criminalidad, dicho pésimo reconocimiento que se hace a este país ha llevado a que los Gobiernos de otros países pidan a sus ciudadanos que eviten viajar a éste, lo que además de reducir considerablemente el turismo, provoca una percepción de la inseguridad que ocasiona pánico a los extranjeros e incluso a los mismos habitantes mexicanos. Los crímenes cometidos contra extranjeros han empeorado la situación, misma que se refuerza con la proyección internacionales en los medios de comunicación, que cada vez es más común el ver noticias donde se implican a políticos, policías, militares, entre otros, que su principal labor debe ser el de proteger al país, lo que lleva a una desconfianza extrema. Aunque la situación de México comparada con países extremistas no es similar, parece que cada vez se conduce más a ese estado de violencia. En el desespero por controlar la situación, se han invertido cantidades millonarias destinadas para las Secretarías de Seguridad las Procuradurías de Justicia y otras dependencias que combaten el crimen; sin embargo, poco se ha invertido, en la prevención social del delito, cuya base debe ser el estudio regional de la situación, detectar factores de riesgo, e implementar políticas de apoyo social para el desarrollo. Parece que poco o nada se le da atención a ello, pues el estado violento no lo permite, ya que la prevención lleva más tiempo que la investigación, persecución y captura. A la vez, el apoyo solicitado a Estados Unidos de América provoca situaciones ambivalentes, pues pone en riesgo a otra Nación y denota la incapacidad de un país para hacer frente a un problema, aunque, el crimen organizado al momento actual, parece que no tiene nacionalidad, pues es un fenómeno que se ha expandido a casi cualquier parte del planeta; por otro lado, Naciones Unidas apoya la cooperación internacional para la prevención y tratamiento de esta criminalidad organizada mediante sugerencias y políticas específicas.
