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Martín E. Abdala
Con frecuencia se observa en Argentina sociedades que operan sin una adecuada provisión de capital y que realizan negocios que exceden las reales posibilidades de la firma. Cuando se producen situaciones de incumplimiento de obligaciones sociales, los acreedores perjudicados intentan resarcir sus perjuicios ensayando acciones de responsabilidad en contra de los administradores. Para fundar las mismas, un sector de la doctrina argentina propone recurrir a los artículos 59, 274 y 99 de la Ley de Sociedades Comerciales. Nosotros no consideramos apropiado utilizar a esos efectos el artículo 99 de la mencionada Ley. Por un lado, porque es sumamente difícil precisar cuándo una sociedad perdió su capital social y, por otro lado, porque en todos lo casos la aplicación de esa norma presupone que la causal de disolución no solo se haya comprobado, sino que la comprobación haya sido declarada. La solución al problema planteado la encontramos en el derecho de fondo: en la etapa preparatoria de cualquier contrato que celebre, el administrador societario está personalmente obligado a informar ciertas cuestiones referidas a la solvencia de la empresa, como por ejemplo, la cuantía y existencia del capital social, y si no lo hace, puede imputársele responsabilidad resarcitoria por culpa in contrahendo.
We can often see in Argentina companies operating without an adequate supply of capital and doing business in excess of the real possibilities of the firm. When there are situations of breach of obligations of the company, affected creditors try to compensate their losses by bringing tort actions against the administrators. To justify these claims a group of Argentine authors intend to use articles. 59, 274 and 99 of the Ley de Sociedades Comerciales (Corporations Law). We do not consider appropriate to use art. 99 of the Ley de Sociedades Comerciales for this purpose. On the one hand, it is extremely difficult to determine when a society has lost its social capital and, second, because in all cases the application of this rule presupposes that the cause of dissolution has been declared and not only that it occurred. The solution to the problem is found in civil law. In the preparatory stage of any contract, the corporate manager has the personal obligation to report certain matters relating to the solvency of the company, such as the amount and existence of capital and if not, can be held liable for damages for culpa in contrahendo.
