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María Concepción Campos Acuña 
La aprobación de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, representa, junto con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, una ventana de oportunidad a la introducción de dinámicas de funcionamiento basadas en la eficacia y en la reducción de cargas administrativas derivadas de la administración electrónica. A lo largo del presente trabajo, se examinarán las principales líneas regulatorias y novedades derivadas de esta norma y su interpretación conjunto con las normas de procedimiento, para el ámbito local.
