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Ángel Raúl Ruiz Pulpón, Julio Plaza Tabasco
Este artículo aborda la significación de las Indicaciones Geográficas Protegidas y de las Denominaciones de Origen como instrumentos de desarrollo territorial integrado y sostenible. Este carácter se interpreta económicamente por su valor en clave de generación de rentas para la población local; socialmente, por la cooperación entre el tejido productivo, las instituciones y la ciudadanía; ambientalmente por el cuidado de las especificidades naturales, los recursos patrimoniales y el sentimiento de pertenencia colectiva; e institucionalmente por el patrocinio y por la promoción de las administraciones públicas. A partir del análisis de cuatro estudios de caso en Castilla-La Mancha (España), observamos una gran diversidad de soluciones y resultados en la aplicación de estas indicaciones geográficas, que cuestionan la eficacia de los instrumentos para optimizar el gobierno del territorio.
