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Santiago Luján
Toda política pública se funda en determinadas visiones del problema al que busca responder. En lo que refiere a la problemática del uso de drogas, desde comienzos del siglo XXI diversos Estados han propuesto leyes y políticas públicas que cuestionan el paradigma prohibicionista desde una perspectiva de derechos humanos y salud pública. La presente investigación se interroga: ¿cómo enmarcan los decisores políticos la cuestión del uso de drogas ilegales en Argentina? El objetivo general es describir y comparar los modos en los que los policymakers se representan la problemática del uso de drogas ilegales en Argentina. Realicé un estudio de caso sincrónico, descriptivo y exploratorio, sustentado en el análisis del corpus normativo de políticas públicas nacionales vigentes a mayo del 2014 en Argentina y de fuentes documentales de los decisores políticos implicados en la problemática.La cuestión del uso de drogas ilegales en Argentina ilustra cómo un mismo problema conlleva diferentes formas de interpretarlo. En los documentos analizados surge que el uso de drogas ilegales responde a una crisis de valores y otra socioestructural, que llevan a los ciudadanos al consumo de estupefacientes y que impiden que puedan desarrollarse plenamente. La delimitación de estas dos causas da lugar a cuatro modos de enmarcar la cuestión: como un problema de seguridad; de salud pública; de desarrollo y salud social; y como una cuestión que forma parte de la autonomía de los individuos. Las respuestas del Estado para hacer frente al problema del uso de drogas varían en función de cada tipo de marco: en los documentos coexisten medidas de seguridad, de inclusión social y curativas. Finalmente, la multiplicidad de marcos con los que los decisores políticos piensan la cuestión del uso de drogas ilegales se traduce en cuatro modos de enmarcar a los usuarios: como enfermo-paciente; como excluido social; como potencial delincuente; y como sujeto de derechos.
