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Susana Rodríguez Escanciano 
Cierto es que las prerrogativas empresariales de dirección y control no pueden suponer limitaciones injustificadas a los derechos fundamentales de los trabajadores. No menos verdad resulta que, atendiendo al principio de buena fe contractual, si el empresario no informa al trabajador que está siendo vigilando, la injerencia empresarial podría merecer un juicio de ilicitud. Ahora bien, tampoco hay que olvidar que cuando se trata de poner al descubierto una conducta irregular de un concreto empleado objeto de fundada sospecha podrían entenderse justificados, excepcionalmente y bajo estrictas condiciones, posibles controles ocultos a través de filmaciones porque en caso contrario se frustraría la finalidad pretendida.
