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Oscar Martín Sagrado
El reconocimiento de la acción popular en nuestro ordenamiento jurídico es en la actualidad uno de los aspectos más controvertidos del proceso penal. Su ejercicio se aleja con demasiada asiduidad de la defensa desinteresada de los intereses públicos que la Constitución pone en manos de los ciudadanos, para entroncarse en la satisfacción de intereses privados. El legislador debe abordar la búsqueda de mecanismos que devuelvan a la institución su genuina razón de ser y abandone los perniciosos ámbitos en los que hoy se desenvuelve. Los últimos proyectos de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal ya advierten de la necesidad de introducir cambios. Procedimientos de elevada relevancia mediática que todavía se encuentran en tramitación, han reabierto el debate que gira alrededor de la acción popular, y puesto de manifiesto la inseguridad jurídica que acompaña su ejercicio.
