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El presente artículo trata sobre la incidencia de los cambios que han estado ocurriendo en las últimas décadas en el campo de las relaciones entre pueblos indígenas y Estados en América Latina, en particular a partir de la introducción de un cuerpo de derechos de origen internacional que en teoría modifican sustancialmente las dinámicas entre estos pueblos y otras minorías étnicas con los Estados. La forma como esta influencia se produce frente al Estado tiene un espectro muy amplio. Para evidenciar este fenómeno, se contrasta lo que ha ocurrido en la región, en particular el caso colombiano y el de Guatemala. En el primero, la incidencia indígena alcanza a modificar la narrativa y práctica institucionales, mientras que en el segundo, el Estado se ha caracterizado por estar ausente y ser reticente en el ejercicio y la implementación de derechos de los pueblos indígenas. Para analizar este aspecto, en el presente artículo se analiza la construcción de una hidroeléctrica en la región Ixil de Guatemala, donde el efecto de la presencia del Estado ha sido una fuerte represión a la población indígena a la que se le han usurpado sus tierras ancestrales, al punto que el 75 % de ellas están en manos de dos propietarios de origen extranjero. Sobre la base de la responsabilidad demostrada del Ejército de Guatemala —que a comienzos de la década de 1980 ejecutó varias masacres contra el pueblo Ixil—, el dictador y general Efraín Ríos Montt fue condenado por genocidio en el 2014, pero su sentencia fue anulada unos días más tarde por supuestos vicios en el procedimiento.
