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Ana Rodríguez Álvarez
La aplicación de la dispensa del deber de declarar a las víctimas de violencia de género constituye, fuera de toda duda, una de las cuestiones procesales más polémicas en relación a este tipo de criminalidad. En su momento, el Acuerdo del Pleno no jurisdiccional de la Sala Segunda del Tribunal Supremo de 24 de abril de 2013 permitió zanjar (al menos en la práctica de nuestros tribunales) algunas de sus controversias más relevantes. Sin embargo, en los últimos meses ha aflorado un nuevo debate, el cual se centra en la interpretación del siguiente inciso del Acuerdo: «b) Supuestos en que el testigo esté personado como acusación en el proceso». A un breve comentario sobre esta cuestión destinaremos las siguientes líneas.
