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El régimen de protección a los arrendatarios de fincas urbanas previsto en la LAU de 1994 ha sido modificado por la Ley 4/2013. Esta reforma ha abierto nuevos frentes de discusión jurídica, debido principalmente a la aparente tensión entre el espíritu de la reforma y las referencias al artículo 34 de la Ley Hipotecaria en algunos preceptos de la LAU. Este trabajo trata de dar respuesta a dichos interrogantes, que tienen una importancia capital para los nuevos protagonistas del mercado inmobiliario.
