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Antonio-Ramón Olea Romacho
El art. 73.3 de la Ley Reguladora de Bases del Régimen Local, contempla la posibilidad de que los presupuestos municipales asignen una dotación económica a los grupos políticos municipales. Sin embargo, tal norma no regula el destino de la dotación de una manera clara, dando lugar a una cierta inseguridad jurídica. En este artículo pretendemos analizar, sobre la base de criterios normativos y jurisprudenciales, la naturaleza jurídica de esta aportación que reciben los grupos y su destino como tal, con especial referencia a la cuestión de si estos fondos locales, pueden convertirse en instrumento financiador de partidos políticos
