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Raúl César Cancio Fernández
La Gran Recesión que sufrimos desde finales del año 2007 no ha sido únicamente una severa crisis económica; al contrario, no es sino una derivada de la crisis política e institucional instalada en nuestra sociedad. Legislar en estas circunstancias es, consecuentemente, tanto un deber como una gran responsabilidad, pues resulta extremadamente tentador para el legislador introducir factores en la producción normativa ajenos a los afanes que las disposiciones deberían tener. En este escenario crítico debemos ubicar las tres disposiciones normativas que van a ser objeto de análisis en las siguientes páginas. Tres leyes etiológicamente vinculadas con la situación económica y de notable incidencia en la esfera de los ciudadanos merced a los novedosos sistemas de garantías que contemplan. Nos referimos a los nuevos procedimientos impugnatorios previstos en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre (TRLCSP); en la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de Garantía de la Unidad de Mercado (LGUM), y en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, acceso a la Información Pública y Buen Gobierno (LTBG).
The Great Recession we suffer from late 2007 was not only a severe economic crisis, indeed, this aspect is simply a derivative of the political and institutional crisis installed in our society. Legislate in these circusntancas is consequently both a duty and a great responsibility, because it is extremely tempting for the legislator to introduce factors in the rules production, that are outside of the eagerness that the provisions should be. At this critical stage must locate the three regulatory provisions that will be analyzed in the following pages. Three laws etiologically linked to the economic situation and significant impact in the field of citizens thanks to the innovative systems that provide guarantees. We refer to the new impugnatorios procedures under the revised Law on Public Sector Contracts, approved by Royal Legislative Decree 3/2011, of November 14 (TRLCSP); Law 20/2013, of December 9, of Assurance Unit Market (LGUM), and Law 19/2013, of December 9, Transparency, Access to Public Information and Good Governance (LTBG).
