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Cordoba, España
El presente trabajo analiza el régimen jurídico de las subvenciones electo-rales que reciben los partidos políticos en España. Se trata, por tanto, de un estudio de Derecho Administrativo sobre una de las formas de financia-ción pública de los partidos políticos en España. La regulación de estas ayudas se contiene principalmente en la Ley Orgánica de Régimen Electo-ral General, estando excluidas del ámbito de aplicación de la Ley General de Subvenciones, aun cuando ambas normas califican dichas ayudas como subvenciones. Por ello, el artículo analiza en primer lugar la naturaleza jurídica de las ayudas electorales, para estudiar a continuación los aspec-tos principales de su régimen jurídico. Así, el trabajo examina los requisi-tos y las obligaciones de los partidos políticos como beneficiarios, el pro-cedimiento de concesión de la subvención y las reglas que determinan la cuantificación de las ayudas. Como resultado del estudio, se destacan cier-tas deficiencias en la regulación que de estas subvenciones establece la Ley Orgánica de Régimen Electoral General, realizando a su vez, algunas propuestas de lege ferenda.
The following paper analyzes the legal status of election subsidies. There-fore, it is a study of Administrative Law about one of the various ways of public finance of the political parties in Spain. The regulation of these state aids is mainly in the General Electoral Procedure Act. These grants are not regulated in the General Subsidies Act. However both of these acts describe the aids like state subsidies. For this reason, firstly this paper analyzes the legal nature of the electoral aids. Below, the main aspects of this legal regime are studied in the paper. The article examines the re-quirements and the obligations of the political parties like beneficiaries, also the procedure of the concession of subsides and finally the rules that determine the exact amount of the aids. The results of the present study underline some deficiencies in the legal basis that establish the General Electoral Procedure Act. In the end, the paper contains proposals lege ferenda.
