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, Luis Manent Alonso
La última reforma de la Ley Orgánica de Educación acoge una nueva fórmula de apoyo a la enseñanza privada sostenida con fondos públicos en España: la cesión de suelo público dotacional para la construcción y gestión de centros docentes concertados. Esta operación parece responder a varias tendencias. En primer lugar, a la redistribución de cometidos entre Estado y sociedad para una mayor racionalización del Sector Público. En segundo lugar, a una mayor tutela de la libertad de enseñanza reconocida en el artículo 27 CE. Con todo, esta evolución desde el Estado prestacional al Estado garante requiere observar ciertas cautelas derivadas de la naturaleza jurídica de los conciertos escolares, en especial la igualdad de trato en el acceso a éstos.
