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El derecho a la educación se encuentra entre los principales derechos sociales; sus estándares, cumplimientos y exigibilidades se enmarcan en las agendas públicas de los países que se diferencian por los enfoques y prioridades de los actores que en ella intervienen y se plasman en la política educativa y en la proporción presupuestal a ella asignada. Aun si en México se ha tratado de responder a dicha demanda social, el cumplimiento de este derecho fundamental se ha ido diluyendo lo cual es evidente en la revisión de las reformas educativas recientes que distan mucho de ser una salida real a un problema que se traduce en mayores desventajas educativas para las regiones y comunidades rurales. El artículo muestra la relación que existe entre el Estado y el derecho a la educación y su limitado cumplimiento, exponiendo los elementos centrales de la reciente reforma educativa y contrastando la composición de la política y los programas educativos con sus fórmulas de distribución presupuestal, las cuales se muestran insuficientes para alcanzar a solucionar un problema de tipo estructural.
