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La financiación de los Ayuntamientos y del resto de entidades locales es una cuestión pendiente de resolver en el proceso de descentralización territorial, que continúa sin cerrarse en España. Los ingresos corrientes de la Administración Local se basan en la estructura establecida desde hace décadas por la Ley de Haciendas Locales, que deja poco margen de financiación a los municipios, más allá de los tributos locales o las transferencias corrientes. Esto ha propiciado una enorme propensión y dependencia de los Ayuntamientos del ciclo de la construcción.
