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Carmelo Jiménez Segado, Marta Puchol Aiguabella
La escasa y deficitaria regulación contenida en la Ley de Enjuiciamiento Criminal de las medidas de investigación tecnológica limitativas de los derechos reconocidos en el art. 18 de la Constitución, que abocaba al cuestionamiento continuo de cualquier injerencia en los mismos, incluso mediando autorización judicial, por vulneración del principio de legalidad que debe presidir la actividad instructora, ha sido subsanada por la LO 13/2015, de 5 de octubre, de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para el fortalecimiento de las garantías procesales y la regulación de las medidas de investigación tecnológica, en la que se contemplan diversos medios de investigación hasta ahora inéditos (ej.: instalación de escuchas ambientales, «troyanos informáticos», etc.), que se analizan en el presente artículo.
