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José Julio León
Se suele hablar de judicialización e incluso de activismo judicial cuando las personas comienzan a reclamar por sus derechos fundamentales en sede judicial, en especial, cuando se trata de la adjudicación de derechos económicos y sociales. Algunos autores ven riesgos para la democracia en esos fenómenos (argumento progresista), o bien, para la certeza jurídica (argumento conservador), al extender las atribuciones del Poder Judicial. En este artículo se analiza la jurisprudencia de los Tribunales Superiores de los últimos cinco años, en materias de protección al consumidor, protección de derechos fundamentales y otras de aplicación de normas generales a las instituciones de educación superior. En la práctica, no se observa una intervención excesiva de los jueces (no hay activismo judicial) al aplicar derechos de los estudiantes o las exigencias del marco legal. Al contrario, dicha jurisprudencia simplemente ha acompañado y contribuye a consolidar lo que se denomina el avance de una cultura de los derechos, que es condición para la democracia, respaldando en general sus decisiones en normas vigentes y no en las preferencias políticas o de política pública de los jueces.
The term "judicialization" and even "judicial activism" is often used when people resort to the judicial system to demand their fundamental rights, in particular when it is related to the adjudication of economic and social rights. Some authors consider that extending the scope of judicial authority represents a risk to democracy (progressive argument) or to legal certainty (conservative argument). This article analyzes the jurisprudence of the higher courts in the last five years in areas as consumer protection, protection of basic rights and application of general rules for institutions of higher education. In practice, there is not an excessive level of intervention by judges; in effect there is no "judicial activism" in applying student rights or the requirements of the legal framework. On the contrary, recent jurisprudence has simply accompanied and contributed to consolidate what has been termed "a culture of rights". It is a condition for democracy that judges base their decisions on existing rules and not on their political or public policy preferences.
