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Natividad Plasencia Domínguez
El presente trabajo tiene por objeto el análisis del nuevo papel que a la víctima del delito ha atribuido la Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la Víctima en la ejecución de las penas privativas de libertad, así como el difícil encaje que la regulación contenida en dicho cuerpo legal, tiene en nuestro ordenamiento jurídico. También se abordan algunas cuestiones relativas a la tramitación procesal de los recursos de la víctima contra las resoluciones del Juez de Vigilancia previstas en el art. 13.1 LEV, así como al derecho de la víctima a ser notificada de determinadas resoluciones judiciales o administrativas dictadas en la fase de ejecución conforme a lo dispuesto en el art. 7.1 e) de la Ley.
