Acceso usuarios
María Teresa Salvador Crespo 
La Constitución española fue reformada en 2011 para asegurar el cumplimiento del equilibrio presupuestario y la estabilidad financiera pero su impacto ha ido mucho más allá del mero control del déficit y la deuda pública. El Estado central ha aprovechado esta reforma para alterar el sistema de relación entre los tres niveles territoriales de gobierno. La reciente Ley 27/2013, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, modifica el reparto de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas con respecto al gobierno local, reduciéndose la garantía constitucional de autonomía para los municipios y las provincias.
The Spanish Constitution was reformed in 2011 to ensure compliance with budgetary balance and financial stability, but its impact has gone much further than the mere control of public deficit and debt. The central State has taken advantage of this reform to alter the system of relations between the three territorial levels of government. The recently adopted Law 27/2013 for the �Rationalization and Sustainability of Local Administration� transforms the allocation of competences between the State and the Autonomous Communities regarding local government, thus eroding the constitutional guarantee of autonomy enjoyed by municipalities and provinces.
