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La crisis financiera iniciada en septiembre de 2008 ha coincidido en el tiempo con un proceso de déficit y endeudamiento público crecientes, en buena medida originado por los cuantiosos fondos que han debido dedicarse al saneamiento y recapitalización del sector financiero.
Ante los problemas suscitados por la crisis financiera, se han desplegado una serie de iniciativas de reforma, tanto internacionales, en el Banco Internacional de Pagos de Basilea, que aprobó el paquete de reformas conocido como «Basilea III», como a escala europea, con importantes reformas en materia de solvencia bancaria y mejora del gobierno interno de las entidades. La mayor rapidez de las reformas instrumentadas en el sector financiero permite aprovechar la experiencia comparada de los supervisores y reguladores financieros para revisar los mecanismos de control del Sector Público, especialmente en lo relativo al control de eficiencia, donde una mayor atención al papel jugado por los conflictos de intereses y los incentivos de los órganos de control podría mejorar la gobernanza y el grado de control, haciéndolo más operativo. De este modo, podría conseguirse una mejora en el grado de consecución de los principios constitucionales de estabilidad presupuestaria y eficiencia del gasto, adoptando una metodología renovada y actual, para su implementación.
