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Laura Rodríguez Cardozo
Los procesos de evaluación comenzaron a institucionalizarse en México al inicio del nuevo siglo pero, en materia de medio ambiente, existía ya in antecedente desde 1996. a partir de 2006 de incrementó el número de evaluaciones anuales efectuadas a programas federales y el sector no fue lña excepción; sin embargo, no ha logrado tener una fuerte presencia (ni numérica ni teórico-metodológica) en el conjunto de evaluaciones nacionales, probablemente debido a su alta complejidad. En particular, ha sido difícil que sus trabajos logren un adecuado equilibrio entre los distintos componentes de la sustentabilidad: ambientaless, sociales y económicos. Por otra parte, salvo pocas excepciones, las áreas naturales protegidas (ANP) no han sido objeto de evaluación. Con el objetivo de fortalecer las debilidades señaladas, en el presente artículo se retoman trabajos metodológicos internacionales para hacer una propuesta adaptada al contexto mexicano. Para facilitar su comprensión, esta se antecede de un mínimo marco teórico y los antecedentes del caso. Dicha propuesta consiste en la selección de la metodología de Pomeroy et al. (2004) debido a su especificidad para areas protegidas, su reconocimiento como guía de evaluación y el de las organizaciones que lo avalan (Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, Fondo Mundial para la Naturaleza y Servicio Oceánico Nacional de la Oficina de Administración Oceánica y Atmósferica), así como los 18 casos mundiales en que fue probada, Incluyendo cuatro mexicanos. La guía incluye tres conjuntos de indicadores (biofísicos, socioeconómico y de gestión) que fueron adaptados para realzar al segundo grupo, descuidado en el marco de la sustentabilidad en México. Este enfásis se logró recuperando las experiencias de varios organismos internacionales (PNUD, Unión Europea) y nacionales (Conapo, Coneval).
