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El 6 de octubre de 2015, el Consejo ha llegado a un acuerdo político sobre una Directiva destinada a mejorar la transparencia en las garantías dadas por los Estados miembros a las empresas acerca de cómo se calculan sus impuestos. Dicha Proyecto de Directiva forma parte de una serie de iniciativas encaminadas a prevenir la elusión fiscal por las empresas
