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Magdalena Ureña Martínez
El pasado 18 de agosto entró en vigor la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia (LMSPIA). Dicha norma jurídica pretende garantizar la protección de los menores que se encuentran en el territorio español y, a su vez, constituirse en el texto de referencia para las Comunidades Autónomas en el desarrollo de su respectiva legislación protectora de menores. El principal mérito de esta Ley es que trata de adaptar las instituciones jurídicas protectoras de menores a los cambios sociales experimentados en la sociedad española, en aras del cumplimiento del artículo 39 de la Constitución Española (CE) y de los instrumentos internacionales ratificados por España
