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Rocío Camacho Sepúlveda
A principios de noviembre de 2014 se publicó la Ley 21/2014, de 4 de noviembre, por la que se modifica, una vez más, el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual. Uno de los objetivos de la reforma es reforzar el procedimiento de salvaguarda de la Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual, así como mejorar su capacidad para perseguir aquellos sujetos que vulneran derechos de autor. Sin embargo, ello viene acompañado de conceptos jurídicos indeterminados, una redacción plagada de carencias, la incorporación como destinatarios de los prestadores de servicios de intermediación, así como de una falta de consonancia entre la Ley con la más reciente jurisprudencia del TJUE en lo que a la actuación de los enlazadores se refiere. Al análisis de estas cuestiones nos detendremos en las siguientes líneas.
In early November 2014 the Law 21/2014 of November the 4th was published, modifying, once again, the revised text of Intellectual Property Law. One of the objectives of the reform is to reinforce the procedural safeguards of the Second Section of the Intellectual Property Commission and to improve its ability to pursue those individuals who violate intellectual property rights. However, this is presented with vague legal concepts, with a writing full of gaps which incorporates the intermediary service providers as recipients, as well as with a lack of harmony between the Law and the most recent case law of the CJEU’s concerning the performance of the linkers. We will analyze these issues in the following lines.
