Acceso usuarios
José Ignacio Torreblanca Payá 
España se encamina hacia unas elecciones generales que, si las encuestas no se equivocan, muy probablemente pongan fin a toda una época regida por gobiernos monocolor, sustentados en amplias mayorías parlamentarias que han formulado y desarrollado la política exterior con considerable margen de autonomía. Aunque sea pronto para anticiparlos, es indudable que dichos cambios tendrán consecuencias sobre la política exterior y de seguridad de España. Esos cambios no se refieren solo a una posible nueva orientación en los parámetros básicos de nuestra posición internacional. Al fin y al cabo, las encuestas muestran que, con independencia de quién gobierne y con quién lo haga, es muy improbable que exista una mayoría parlamentaria con capacidad o voluntad de cuestionar el amplio consenso europeísta y atlántico que ha marcado la política exterior española en las tres últimas décadas.
Por tanto, excepto bajo una configuración de gobierno en la que el único actor excéntrico al consenso dominante (la formación Podemos, claramente antiatlantista y crítica con la Unión Europea) desempeñe un papel relevante, es posible anticipar que las dificultades a las que podría hacer frente la política exterior y de seguridad española en la próxima legislatura tendrá que ver tanto con factores internos como externos. En el exterior, se originarán en la dificultad de generar consensos en un marco dominado por la debilidad política relativa de los actores principales. En el interior, en el hecho previsible de que la agenda política nacional absorba la práctica totalidad de las energías de los grupos políticos.
España, recordemos, no solo ha sufrido una recesión económica inducida por la crisis del sistema financiero global y agravada por la insuficiencia de los mecanismos e instituciones disponibles en el ámbito de la zona euro, sino también una muy grave crisis política, social e incluso identitaria. Por ello, los cambios que se avecinan no concernirán solo al régimen de alternancia entre partidos; afectarán a cuestiones más amplias, incluyendo la reforma constitucional, el eventual acomodo de las demandas provenientes de Cataluña o una revisión generalizada del modelo económico y social vigente hasta el momento y que entró en crisis en 2008.
Todo ello, es factible anticipar, dejará disponibles escasas energías y capital político para la tarea de reconstruir la presencia internacional de España, muy disminuida como consecuencia del efecto combinado de cuatro años de crisis y una pérdida generalizada de impulso exterior que antecede a dicha crisis. De este modo, parece difícil que en la próxima legislatura puedan materializarse los incentivos para poner fin al ensimismamiento de España y las voluntades destinadas a revertir el proceso de repliegue estratégico que han caracterizado la política exterior española de esta década. Al menos en su discurrir inicial, es previsible que la legislatura esté más centrada en asegurar el proceso de gobierno y de reformas internas que en proyectar una nueva mirada internacional desde la que abrir el camino hacia la nueva política exterior y de seguridad que España necesita.
