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Pere Morell i Torra
Desde la entrada en vigor de la nueva Constitución (enero de 2009), Bolivia ha experimentado importantes transformaciones políticas e institucionales, marcadas por el protagonismo de los pueblos indígenas tras décadas de fuertes movilizaciones. En el centro de estas transformaciones encontramos la proclamación de Bolivia como “Estado Plurinacional” y el amplio reconocimiento de derechos colectivos a la población indígena, entre los que destacan el derecho a la libre determinación, que abre la posibilidad de conformar sistemas de autogobierno indígena. Sin embargo, a pesar de que la Constitución boliviana es la más avanzada de las constituciones latinoamericanas en reconocimiento de derechos colectivos a los pueblos indígenas, están surgiendo muchas dificultades en su implementación. Esta situación está generando una distancia significativa entre el modelo formal de Estado Plurinacional y el Estado Plurinacional “de hecho”, tal como se observa en los múltiples requisitos burocráticos exigidos a las autonomías indígenas para su plena conformación. Estos requisitos, expresión de la falta de voluntad política del Estado, explican por qué no hay todavía ninguna autonomía indígena en funcionamiento en Bolivia, a pesar de que el 6 de diciembre de 2009, 11 municipios empezaron el proceso de “conversión” a autonomías indígenas. En ese contexto, el presente artículo pretende dar cuenta de la distancia entre el modelo de Estado plurinacional y su implementación práctica a partir del análisis del sistema de autonomías indígenas, tomando en consideración el caso concreto de la Autonomía Guaraní Charagua Iyambae y su nuevo sistema de gobierno.
