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Si la sociedad civil no es una entidad homogénea, ni dotada de atributos positivos o negativos, ¿qué define su potencialidad de «acción pública»? ¿Están estas organizaciones en condiciones de cumplir roles públicos, previamente atribuidos a la acción del Estado? Si es así, ¿qué condiciones se requieren para ello? En este artículo se abordan tres dimensiones relevantes para determinar las condiciones en que el rol público de las organizaciones civiles puede cumplirse: el financiamiento, las posibilidades de incidencia y la desigualdad socioeconómica en las oportunidades de participación. Se sostiene que, lejos de constituir un sector aparte definido por su no finalidad de lucro (tercer sector), estas organizaciones dependen de las características del contexto social y político en que se desenvuelven. Se analiza el caso chileno contemporáneo: una sociedad extremadamente desigual y un proceso político que pasó de la fuerte movilización social y política por el cambio social en los sesenta e inicios de los setenta, a una larga dictadura militar y una recuperación democrática pactada sin alteraciones sustantivas en el modelo neoliberal de desarrollo. Esos macroprocesos determinan las posibilidades y desafíos para la contribución del sector no gubernamental en la ampliación del espacio público y el fortalecimiento de la democracia.
