La intención de algunas entidades bancarias de cobrar una comisión a los no-clientes por retirar efectivo de sus cajeros automáticos ha suscitado un vivo debate sobre cuál debe ser el esquema de remuneración adecuado para este servicio bancario. El conflicto, denominado en medios periodísticos como «la guerra de los cajeros», ha sido zanjado por el Gobierno con un Real Decreto-Ley al prohibir el cobro directo de esta comisión a los consumidores y trasladarla a las entidades emisoras de tarjetas.