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La Sentencia del Tribunal de Justicia de 13 de noviembre de 2014 (asunto C-416, Vital Pérez v. Ayuntamiento de Oviedo) declara que la Directiva 2000/78/CE, de 27 de noviembre de 2000, relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación, se opone a una legislación nacional que establezca el límite de edad máximo de 30 años para acceder a los puestos de la Policía local. Tal requisito - previsto en una convocatoria de oposiciones al amparo de una previsión expresa de la Ley autonómica asturiana - introduciría una diferencia de trato basada directamente en la edad. Y aunque el desempeño de algunas tareas de los Policías Locales pudieran exigir una capacidad física elevada, el Tribunal de Justicia considera que nada prueba que tales capacidades estén inevitablemente ligadas a una edad determinada, sin que puedan encontrarse en personas que la hayan superado. Por tanto, una normativa o unas bases de oposiciones que establezcan el límite de edad de 30 años para participar en procesos selectivosde ingreso en la Policía Local no pueden ser consideradas como apropiadas para alcanzar el objetivo de asegurar la capacidad operativa y el buen funcionamiento del servicio público en cuestión. Tal medida constituye, en suma, un requisito desproporcionado por cuanto el objetivo de garantizar que los policías locales poseen las capacidades físicas adecuadas para el desempeño de sus funciones bien puede ser conseguido de una manera menos restrictiva que fijando un límite máximo de edad mediante la realización de las específicas pruebas físicas también previstas en las bases del proceso selectivo.
