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Julio López Laborda 
En el año 2014 se va a proceder, seguramente, a una nueva reforma de la financiación autonómica, en la que puede ocupar un lugar muy destacado la discusión sobre el grado de nivelación regional. Este trabajo pretende contribuir a ese debate. En primer lugar, se introduce el concepto y los fundamentos de la nivelación y se diferencia entre nivelación plena y parcial. También se argumenta que la decisión sobre el grado de nivelación es, sobre todo, política. La razón más sólida a favor de una política de nivelación lo es también en apoyo de una nivelación plena: el tratamiento igual de los iguales. A continuación, el trabajo repasa la política de nivelación seguida hasta la actualidad por el sistema de financiación autonómica y formula algunas recomendaciones sobre la próxima revisión del modelo, que pueden contribuir a dotarlo de una mayor estabilidad. En síntesis, se sugiere, primero, fijar con claridad el objetivo de nivelación y, en su caso, el período de tiempo en que se quiera alcanzar;
segundo, aplicar el sistema de nivelación a todas las comunidades autónomas, de régimen común y foral; y tercero, dotar de la máxima transparencia y sencillez a los tres pilares del sistema: la estimación de las necesidades de gasto, la determinación de la capacidad tributaria y la aplicación de las transferencias de nivelación.
There will definitely be a new reform for autonomous community funding in 2014, during which the discussion on the degree of regional levelling may play an extremely important role.
This work hopes to contribute to this debate. Firstly, the concept and bases of levelling are presented, differentiating between full and partial levelling. The argument is also set forth that the decision on the levelling degree is, above all, political. The most solid reason in favour of a levelling policy also supports full levelling: equal treatment for equals. Next this work reviews the levelling policy followed until today by the autonomous community financing system and some recommendations are formulated on the next review of the model, which may contribute to equipping it with greater stability. In short, our first suggestion is to clearly and objectively establish levelling and, as applicable, the timeline for obtaining it; second, to apply the levelling system to all autonomous communities, as a whole and at provincial levels; and thirdly, ensure that the three system mainstays are as transparent and simple as possible: the estimation of expenditure needs, the determination of tax capacity and the application of levelling transfers.
