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Hoy en día está ampliamente difundida en nuestro país, tanto desde las diferentes instituciones públicas como desde asociaciones civiles, organizaciones y colectivos que trabajan la temática de la discapacidad, la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, adoptada en Asamblea General de las Naciones Unidas. La Argentina ratificó muy rápidamente la Convención, en 2008, a través de la Ley 26.378, dando su apoyo a este tratado que actualmente lleva la firma de 158 países.
De esta manera se instala con fuerza normativa el denominado "paradigma social de la discapacidad", en contraposición al "modelo médico-hegemónico", cuestión que venía siendo planteada por diversos colectivos antes de ser normativizada. Podríamos decir que el paradigma social ocupa ahora el lugar del deber ser, o que se constituye en un horizonte, planteando centralmente que la discapacidad no radica en las deficiencias funcionales de las personas, sino que a las mismas se suman las barreras que se encuentran en la interacción entre las personas y su entorno, que impiden una participación plena en los diferentes ámbitos de la vida social, no dando respuestas a la diversidad funcional humana.
