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Este ensayo abarca el análisis de la participación ciudadana en el Ecuador, desde la aprobación de la constitución del 2008 y la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, donde se rescata que en el Ecuador existe una creciente instauración de normativa jurídica de participación que se consagra también en el Plan Nacional del Buen Vivir.
Se resaltan los enormes avances en materia de participación ciudadana. Sin embargo, se establece que el reto está en cambiar la actitud todavía pasiva y contemplativa que subsiste en la ciudadanía, a pesar de que la norma existe, pues muchas de las actividades en la planificación de políticas públicas no son construidas aún de manera participativa, ni responden a una lógica de desarrollo de procesos que evidencien una activa participación ciudadana.
La participación ciudadana en la toma de decisiones tiene que ser entendida como el resultado de un proceso de cambio en la correlación de fuerzas, como una redefinición en las relaciones de poder entre el Estado y la sociedad civil –organizada o no, de hecho y de derecho–. Por lo tanto, es fruto de una construcción social colectiva. En este contexto político, la participación ciudadana no puede ser reducida a un mero instrumento de poder, ni a receptora de servicios públicos con calidad y calidez; la participación ciudadana tiene que ser el dinamizador de los procesos creativos, innovadores e identitarios que permitan seguir avanzando en la construcción de la equidad y justicia social. No obstante, arribar a este supone también activar redes de ciudadanos y ciudadanas.
