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Las diferencias sociales y económicas existentes entre las personas en función del país en el que han nacido o en el que viven han potenciado los movimientos migratorios de aquellos sujetos que se encuentran en las zonas menos favorecidas hacia las que, en principio, ofertan mayores oportunidades. En respuesta a este fenómeno, los países receptores de inmigrantes han elaborado de forma progresiva una normativa dirigida a proteger su orden socio-económico, la cual, sorprendentemente, se esconde dentro de la destinada a tutelar a los inmigrantes como colectivo susceptible de verse vulnerado. Y, como tendremos ocasión de señalar, España no es una excepción.
