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Este artículo tiene por objeto analizar la emergencia y posteriores desarrollos de un Espacio de Justicia Penal Europeo a la luz de la entrada en vigor del Tratado de Lisboa y sus implicaciones respecto del nuevo papel del Parlamento Europeo como colegislador ordinario en este campo tradicionalmente reservado a la soberanía de los Estados.
Se analiza el art. 83 del TFUE, base jurídica para la «lisbonización» del Derecho Penal Europeo, anteriormente situado en el llamado «Tercer Pilar». Se abordan los retos pendientes en el Espacio de Justicia Penal Europeo, así como el papel del Parlamento Europeo como colegislador ordinario en cuestiones de índole procesal penal relativas al derecho a la defensa y a las garantías procesales. Se analiza la incardinación de estos derechos procesales en la Carta Europea de Derechos Fundamentales y en el llamado Programa de Estocolmo, que desarrolla el Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia de la UE.
Se describe el contenido de los derechos procesales de las personas sospechosas y del acusado en el proceso penal en la UE y del derecho al abogado, a la defensa letrada y a la asistencia jurídica gratuita.
Finalmente, se revisa la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre el derecho a la defensa, a la asistencia letrada y el derecho a un juicio justo con todas las garantías.
This article aims at analysing the emergence and subsequent developments of the European Space of Criminal Law in the light of the entry into force of the Lisbon Treaty and its implications regarding the new role played by the European Parliament as a fully-fledge colegislator in this field. It approaches art. 83 of the TFEU as the legal basis allowing for the «lisbonisation» of the European Criminal Law, previously lying within the former so-called «Third Pillar». The remaining challenges in the field of EU Criminal law are also addressed as well as the role of the EP as colegislator on issues of criminal procedural law encompassing defence rights and procedural rights.
The incorporation of these procedural rights in the ECFR and in the so-called Stockholm Programme, which develops the area of Freedom, Security and Justice within the EU, is also assessed. The content of the procedural rights of suspects or accused persons in criminal proceedings, the right to access to a lawyer and to adequate legal aid is also outlined. Finally, the case-law of the European Court of Justice and the European Court of Human Rights on due process, and the right to legal advice, before and at a trial, is analysed.
