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El rechazo del tratamiento por parte de un menor en grave riesgo vital nos sitúa ante un complejo dilema ético.
Los menores de edad tienen derecho a la libertad religiosa y a la integridad física y moral; también, cuando son maduros, a otorgar por sí mismos el consentimiento para el tratamiento y, por tanto, a denegarlo. No obstante, no existe acuerdo en la doctrina sobre el alcance de estos derechos del menor, en especial cuando su vida o su salud están en peligro. El deber de proteger su interés y el valor fundamental de la vida humana podrían limitar su ejercicio y justificar la imposición del tratamiento incluso cuando el menor es maduro. Tanto quienes se inclinan por respetar la autonomía del menor como quienes proclaman el deber de proteger su vida cuentan con argumentos éticos y jurídicos a su favor, pero ni la vida ni la autonomía individual poseen un valor absoluto que justifique que una de ellas deba prevalecer necesariamente en cualquier circunstancia. El debate entre estas dos posiciones solo avanzará si ambas partes renuncian a apoyarse en concepciones morales sustantivas acerca del bien humano y se comprometen a defender el interés del menor desde una perspectiva imparcial y moralmente neutral.
