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Ángel Sánchez Legido 
Las recientes reticencias de los Estados occidentales a enviar tropas sobre el terreno en los conflictos ocurridos en los últimos años en Libia y Siria han llevado a varios de ellos a plantear de manera creciente la oportunidad de transferir armas y asegurar otro tipo de asistencia militar a los grupos armados de oposición. Si las llamadas intervenciones armadas indirectas se habían caracterizado tradicionalmente por su clandestinidad, al menos en Europa el debate se ha proyectado ahora de manera abierta y pública en la escena diplomática e intergubernamental, lo que representa una oportunidad con escasos precedentes para valorar lo que los Estados creen que es o quieren que sea el régimen legal aplicable. La práctica desarrollada en ese contexto no parece implicar un replanteamiento general de la rigurosa doctrina desarrollada por la Corte Internacional de Justicia en los asuntos Nicaragua y República Democrática del Congo, quizá con la salvedad que representa la mayor permisividad que parece detectarse en lo que se refiere a las transferencias de equipamiento militar no letal o de protección. Sin perjuicio de lo anterior, la mencionada práctica pone de manifiesto que el ámbito de la intervención armada indirecta refleja las mismas tensiones y los mismos dilemas que los llamados usos más graves de la fuerza en cuestiones tales como la posible virtualidad legitimadora del reconocimiento de los grupos de oposición, el alcance de la legítima defensa en caso de ataques de grupos terroristas o, muy especialmente, las medidas reactivas admisibles bajo la cobertura de la Responsabilidad de Proteger en caso de parálisis del Consejo de Seguridad.
