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Catalina Ana Larach Del Castillo
Transparencia y Buen Gobierno son términos que en este tiempo resultan de interés para una España en crisis. La insatisfacción ciudadana y el debilitamiento institucional local y nacional son consecuencia de un declive en la garantía de los derechos sanitarios y educativos, de la falta de confianza en la administración pública, así como de problemas de corrupción en la gestión de lo público y derivados de la situación económica de los mercados. A pesar de un retraso en la regulación del tema, con la expedición de la Ley 19 de 2013 el gobierno español se suma a los Estados miembros de la Unión Europea que han presentado propuestas a nivel de gobierno, ciudadanía y nuevas tecnologías. Con esta ley se modifica la estructura de la administración pública para crear el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. ¿Es esta respuesta institucional una medida eficaz para la solución de la llamada crisis institucional en España? ¿Puede esta reforma oxigenar al aparato administrativo español?
Nowadays, transparency and Governance are relevant for Spain. Especially, for the dissatisfied citizenship and the weakness in national and local institutions over the last few years, with results like not trusting, less guarantee on healthcare and education system, the corruption in public administration, politics-economic issues, and so on. Although, in the European Union, Spain has been one of the last countries to regulate this issue, whit Act 19/2013 there are new objectives relating to open government, citizenship, technology, accountability. Moreover in relation with the structure of administration because the “commission for transparency and good governance” was initiated on last 19th January. In general, its effectiveness in moderating this issue and applying measures in order to get administration systems cleaner in countries like Spain.
