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El objetivo de la reforma laboral del Partido Popular de 2012 no era crear empleo, sino efectuar un cambio sustancial en el sistema de relaciones laborales en España, modificando las reglas del mercado de trabajo para proporcionar más poder al empresariado. Tal reforma puede considerarse como la culminación de un proceso de devaluación del empleo de calidad, buscando una flexibilización en las condiciones de trabajo, que se ha traducido en una caída importante de los salarios.
