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Mirta Bruno
En este artículo nos proponemos presentar un panorama de la política pública para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, aplicada al territorio de la provincia de Buenos Aires. En los sucesivos gobiernos bonaerenses, desde que el estado nacional se comprometió ante la comunidad internacional, se vienen desarrollando programas y acciones con resultados diversos, especialmente a partir de la sanción de la Ley 12.569, de violencia familiar, cuyas normas orientan el seguimiento y evaluación de su efectivo cumplimiento. Primero la CEDAW y luego la convención interamericana de Belem do Pará, más tarde las leyes internas, incluida la 26.485 específica de violencias hacia las mujeres, forman un plexo normativo sólido, con el que hay que contrastar las prácticas y resultados para enfrentar la violación de los derechos humanos de las mujeres. A la luz de ese conjunto de disposiciones describiremos el estado del desarrollo de las políticas públicas concretas en educación, salud, seguridad, asistencia social, participación de la sociedad civil, registros, articulaciones. Lo hacemos con los datos disponibles y teniendo en cuenta que no existe monitoreo y evaluación integral. Nos limitamos al Poder Ejecutivo, dejando ex profeso sin considerar el Poder Judicial, el otro actor indispensable en la aplicación de cualquier política pública en la materia.
