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En los últimos años se observa en la práctica profesional una proliferación de procedimientos penales cuyo objeto de enjuiciamiento lo constituyen ilícitos que podrían reputarse como meramente civiles. Así, orillando el principio de «ultima ratio», no pocos supuestos de responsabilidad de administradores, anulabilidad de determinados contratos por consentimiento viciado mediante dolo, o concursos culpables vienen siendo investigados por los órganos jurisdiccionales penales, dando lugar a causas por administración desleal, estafa o concurso punible �uno de los tipos delictivos que mayores modificaciones ha sufrido con la reforma del Código Penal que entró en vigor el pasado 1 de julio�.
